Equipo Observatorio Congreso de la Fundación Balmaceda
11 febrero 2022
La Convención Constitucional, como era de esperar, ha propiciado la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de una nueva carta fundamental para Chile. Por medio de su Reglamento, las iniciativas populares de norma han emergido como una alternativa para que la ciudadanía pueda organizarse y proponer normas constitucionales a la Convención en alguna de sus siete Comisiones, con la exigencia de reunir 15.000 firmas de, a lo menos, 4 regiones distintas para que éstas sean discutidas por el Pleno. Se podían presentar iniciativas hasta el día 20 de enero, recibiendo apoyos hasta el pasado 01 de febrero, todo esto en la plataforma web que se habilitó al efecto (www.iniciativas.chileconvencion.cl).
Más allá de la discusión en torno a los plazos o retrasos en la publicación de las iniciativas, lo relevante es que permitió que tanto personas naturales como jurídicas y, a su vez, organizaciones de la Sociedad Civil pudieran integrarse al debate constitucional en diversas temáticas de su interés/estudio/conocimiento/entre otras. Sin ir más lejos, nosotros la Fundación Balmaceda —entre otras tantas organizaciones de la Sociedad Civil— fuimos partícipes de este proceso por medio de la iniciativa Nº31.750 titulada “Transparencia e Información Pública: un derecho para las personas”, aceptada el 07 de enero, y que buscaba consagrar explícitamente el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública con rango de derecho en la nueva Carta Fundamental —el cual hasta hoy solamente mantiene rango legal a través de la Ley Nº20.285—. Sin embargo, ninguna de las iniciativas —alrededor de 28 vinculadas a la transparencia o el derecho de acceso a la información— reunieron el apoyo necesario de la ciudadanía —de hecho, la nuestra solo contó con 166 apoyos—.
Hoy la ciudadanía exige más y mejor democracia y una mayor incidencia en los asuntos públicos. Redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram se han convertido en un espacio virtual comunitario, para que diferentes personas, sean jóvenes o adultos, puedan expresar su opinión y descontento hacia aquellas situaciones opacas que son muy habituales en la esfera de lo público donde las y los representantes políticos, quienes administran el estado son los principales responsables. Junto a ello, en la última década se han efectuado diferentes movilizaciones sociales que han expresado las demandas de la ciudadanía en materias como educación, salud, pensiones, género y vivienda.
Una buena noticia es que hoy en día, en el marco del proceso constitucional, mediante las iniciativas populares de norma, se ha desarrollado una participación directa por parte de la ciudadanía en la Convención sobre las problemáticas que les aquejan. Producto de ello, existen iniciativas que —dada la importancia social y la organización de sus promotores y promotoras— han alcanzado las 15.000 firmas necesarias para su discusión en el Pleno. Entre aquellas destacan “Con mi plata no: Defiende tus ahorros” que tiene más de 60 mil firmas, “Cannabis a la Constitución ahora” que reunió más de 44 mil firmas y “Será ley” que reunió más de 38 mil firmas.
Todas propuestas legítimas, que expresan el sentir de sectores importantes de la ciudadanía y que algo nos quieren decir respecto a cómo organizarnos de aquí en adelante.
Pero hay algo que a juicio nuestro no se condice con las multitudinarias expresiones de la ciudadanía en torno a más y mejor democracia.
Para nosotros el acceso a la información pública debiera representar un derecho fundamental para todos los ciudadanos que requieran buscar y recibir información y datos que maneja el estado. La información pública también es fundamental porque permite que los ciudadanos participemos en los asuntos políticos y fiscalicemos las acciones del Estado.
Al contar con el derecho de acceso a la información pública solo resultan acciones propias de una democracia sana, se fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas son evaluadas no solo técnicamente sino por la ciudadanía, la gestión pública y por ende la gobernabilidad democrática son cada vez de más eficaces para combatir la corrupción. En resumen, se refuerza la legitimidad del sistema democrático, la democracia se fortalece al incorporar al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas.
A pesar de todo el fenómeno social que venimos presenciando en los últimos años y que denotan rechazo a la débil democracia, al abuso de unos pocos poderosos, la falta de transparencia, al ocultamiento de información y la ausencia de rendición de cuentas por parte de autoridades, es que nos cuesta comprender que la ciudadanía otorgue silencio a iniciativas como la que hemos presentado.
Parte de la desconfianza que tiene la ciudadanía hacia el Estado o la clase política se encuentra en el desprestigio y el descrédito de las instituciones políticas, ya sea por casos de corrupción o manejo indebido del presupuesto en la administración pública o simplemente falta de información pública.
Si bien como Fundación hemos realizado el correspondiente trabajo de difusión de nuestra iniciativa, al parecer no fuimos eficaces a la hora de transmitir el mensaje y la importancia de esta en particular cuando se le asocia a otras demandas legitimas existentes.
Tampoco fuimos sensatos al promover una alianza de colaboración entre ONG´s pro-transparencia con la finalidad de proponer una única iniciativa popular de norma para, por lo menos, haber concentrado la considerable cantidad de apoyos que necesitábamos.
Dada la relevancia que mantendría el principio de transparencia y el derecho a la información pública en la próxima carta fundamental de Chile como un pilar para el Estado de Derecho moderno, el régimen democrático y el buen funcionamiento de la gobernanza y; en vista que ninguna de las iniciativas populares de norma en esta materia lograron reunir los apoyos necesarios de la ciudadanía para su discusión, esperamos que las y los Convencionales Constituyentes consideren incorporarlo en el debate constitucional, sea a través de comisiones o en el Pleno, promoviendo a su vez, la concientización de la ciudadanía sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública como un derecho llave, el cual pretende contribuir a la protección y realización de otros derechos fundamentales que también serán incorporados a la carta Magna que nos regirá a lo menos los próximos cuarenta años.