El trabajo de la Fundación Balmaceda para promover los principios de Parlamento Abierto

by Matías Sobarzo | Mar 24, 2022 | Uncategorized

El pasado día 15 de marzo del año 2022 se formalizó la incorporación de la Fundación Balmaceda –y, por tanto, del equipo Observatorio Congreso perteneciente a la organización– a la Red de la Sociedad Civil de Gobierno Abierto, el cual, tal como establece el artículo 1 de sus respectivos estatutos internos, dicha entidad se define como “un conglomerado de organizaciones no gubernamentales que tiene como principal objetivo la participación y representación activa de la sociedad civil en los procesos de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, en sus siglas en ingles) en Chile, a través de la coordinación de estas instituciones y su representación en la Mesa de Gobierno Abierto (instancia tripartita compartida con Gobierno y Academia)”.

Tras dicho acontecimiento, quisiéramos dar cuenta pública del trabajo que ha realizado hasta la fecha, la fundación Balmaceda, referente a la temática sobre Gobierno Abierto en Chile, en particular, respecto a la colaboración brindada para co-crear y materializar el Quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto (2020-2022), particularmente, sobre los compromisos referentes a la temática de parlamento abierto:

Inicialmente, el primer acercamiento establecido con “Gobierno Abierto Chile” por parte del equipo Observatorio Congreso de la Fundación Balmaceda fue un correo electrónico enviado a ogpchile@minsegpres.cl el día 19 de agosto del año 2020, consultando respecto al proceso de co-creacion del quinto plan de gobierno abierto, en particular, sobre si dicho proceso contendría las propuestas/recomendaciones en torno al eje “Parlamento Abierto”, esto debido a que el Cuarto Plan de acción Abierto de Gobierno Abierto 2018-2020 adicionó en su documento los compromisos relativos al Tercer Plan de acción de Parlamento Abierto[1]; o aquello seria en un proceso diferente (propio del Congreso Nacional); como respuesta a lo anterior, se indica que los planes de Gobierno Abierto se formulan de forman independiente de los planes de Parlamento Abierto, existiendo otras instancias para recabar compromisos específicos para los planes derivados del poder legislativo; no obstante a lo anterior, se recomienda -por parte de OGP Chile– en participar de la consulta en torno a propuestas sobre dicho tema –vale decir, sobre el Congreso Nacional-, esto debido a un precedente establecido el año 2018 (en el marco de proceso de co-creacion del cuarto plan de acción de gobierno abierto) en la cual se generó una mesa temática para tratar los temas referentes a otros poderes del Estado (legislativo y judicial)[2], cuyos resultados fueron compartidos para su consideración con los responsables de la elaboración del tercer plan de acción de Parlamento Abierto, según nos indicaron.

Posteriormente, a partir del correo anterior, y  tras tomar la decisión –por parte del equipo Observatorio Congreso- de participar en el proceso de co-creacion del quinto plan de acción de gobierno abierto, el día 31 de agosto del año 2020, el señor Manuel Lobos (Director Ejecutivo de la Fundación Balmaceda) remite -por medio del formulario de consulta (Etapa 2: recepción de propuestas) dispuesto para dichos efectos[3]-, cuatro sub-propuestas entorno a parlamento abierto[4] agrupadas bajo el título “Propuestas de transparencia y rendición de cuentas – Congreso Nacional”, cuya inspiración fueron aquellos compromisos incumplidos derivados del primer plan de acción de parlamento abierto (2014-2016). Dichas propuestas fueron las siguientes:

1)Reglamento sobre Transparencia – Congreso Nacional.

2)Homologar formularios de solicitud de información (portales de transparencia) tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como el Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional.

3) Contraloría interna para el Congreso Nacional.

4)Sobre la transparencia en sitios web de la Cámara de Diputadas y Diputados y Senado.

Posteriormente, a partir de la recepción –a nivel general- de las 81 propuestas recibidas (emanadas de 54 organizaciones participantes), se efectúa la etapa 3: análisis de las propuestas efectuadas por parte de la mesa de Gobierno Abierto Chile, en la cual fueron seleccionas inicialmente 53 de ellas, de las cuales seis correspondieron a la temática “Gobierno Abierto en otros Poderes del Estado”, incluida aquella presentada por la fundación Balmaceda. Para poder dialogar y trabajar dichas propuestas se instauraron 10 mesas de trabajo territoriales (etapa 4), siendo una de ellas “gobierno abierto en otros poderes del Estado” de la cuales como Fundación Balmaceda participamos en tres reuniones: las mesas territoriales de la Región Metropolitana celebradas los días 08 y el 15 de octubre del año 2020 (de 11 a 12:30 hrs) y la mesa joven efectuada en 22 de octubre del año 2020 (desde las 18:30 hrs). En dichas instancias, se profundizó sobre el desarrollo de las propuestas en torno a parlamento y justicia abierta, con el resto de los participantes (provenientes de organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y la academia, principalmente), con la finalidad de poder complementar/perfeccionar cada una de las ideas y priorizarlas mediante una votación que quedo consignada en las actas para tales efectos.

Luego de la realización de las mesas territoriales de trabajo (concluidas el mes de octubre del año 2020), en la cual se priorizaron los compromisos propuestos, se dio paso al desarrollo de las mesas técnicas –etapa 6- para aquellas propuestas seleccionadas, entre ellas dos propuestas que tienen directa relación a “parlamento abierto”: 1) El diseño de plataforma integrada e interoperable de gestión e información legislativa y 2) Transparencia del Congreso Nacional[5]. Las mesas técnicas respecto a los compromisos preliminares referentes a Parlamento Abierto se efectuaron en dos jornadas dada la extensión de ambos temas: el día miércoles 20 de enero de 2021 se concretó la mesa técnica en relación al compromiso sobre el diseño de plataforma integrada e interoperable de gestión e información legislativa (compromiso N°9 del quinto plan de acción de gobierno abierto) y el día jueves 28 de enero del año 2021 se concretó la mesa en relación al compromiso sobre la transparencia del Congreso Nacional (compromiso N°10 del quinto plan de acción de gobierno abierto), ambas instancias fueron esenciales para conocer, precisar y complementar, en conjunto con los participantes de dichas instancias, las propuestas finales sobre los compromisos previamente señalados.

Como última etapa del proceso de co-creacion, también participamos del lanzamiento oficial del quinto plan de gobierno abierto –etapa 8- que se desarrolló de manera online el día lunes 17 de mayo del año 2021[6],en cuyo contenido se encuentran presentes los 10 compromisos definidos entre los meses de octubre y enero del año 2020 tanto en las mesas temáticas (de priorización como las mesas técnicas), en cuyo resultado es posible evidenciar 6 compromisos sobre gobierno abiertos, 2 compromisos sobre justicia abierta y finalmente 2 compromisos sobre parlamento abierto.

Ahora bien, respecto del desarrollo en particular de los compromisos Nº9 y Nº10 del plan de acción vigente, el día 11 de junio del año 2021, se remitió un correo a la señora Roció Noriega, (asesora del Grupo Bicameral de Transparencia, encargada de velar por el cumplimiento de los compromisos en materia de parlamento abierto) consultando sobre la realización de la primera actividad del compromiso Nº10 sobre la “Comparación de procesos de publicación de transparencia activa y pasiva y taller virtual con sociedad civil”, indicando que dicha actividad se llevaría a cabo la segunda o tercera semana de julio[7], lo cual no aconteció. Por lo cual, el día 02 de septiembre de aquel mismo año, se envía un correo al equipo Gobierno Abierto Chile, reiterando la consulta inicial enviada a la señora Noriega (sobre la realización de la primera actividad sobre el compromiso sobre transparencia del Congreso Nacional) incorporando, a su vez, la consulta respecto al estado de la primera actividad contemplada en el Quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto referente particularmente al compromiso 9 sobre el diseño de plataforma integrada e interoperable de gestión e información legislativa sobre el informe de diagnóstico de interoperabilidad (esto debido a que de acuerdo con el documento el periodo de ejecución de dicha actividad sería entre los meses de marzo y agosto del año 2021). La respuesta remitida por parte de Gobierno Abierto Chile, la efectuó la señora Claudia Montero –encargada de la temática sobre gobierno abierto en la Comisión de Integralidad Pública y Transparencia de la SEGPRES- indicando que se contactarán con la responsable de la implementación del compromiso[8] para consultar sobre estos temas en particular. Finalmente, el 27 en diciembre del año 2021, se remite nuevamente un correo a la señora Rocio Noriega, consultando sobre la fecha de las actividades pendientes tanto de compromiso sobre el diseño de plataforma integrada e interoperable de gestión e información legislativa como el compromiso sobre transparencia del Congreso Nacional), indicándonos que respecto al taller con la sociedad civil, este se realizaría preliminarmente el día miércoles 19 de enero del año 2022[9]. Finalmente, dicho taller se celebró el día jueves 20 de enero del año 2022 en la cual asistieron funcionarios del Congreso Nacional (Cámara de Diputados, Senado y Biblioteca del Congreso Nacional) y representantes de organizaciones de la sociedad civil en la cual se efectuó una lluvia de ideas respecto a las características y contenidos necesarios que debiese contener el apartado respecto a transparencia activa y pasiva de las Corporaciones y el sitio web congreso.cl (pronto a estrenarse).

Adicionalmente a lo anterior, es necesario mencionar que hemos efectuado otros esfuerzos para transparentar y promover los compromisos, en participar respecto de Parlamento Abierto en Chile:

1) Efectuamos solicitudes de información a la Cámara de Diputados en la cual se ha requerido de datos referente a los tres planes de acción de parlamento abierto (folio CD001W10610) y los documento que constan de la evaluación del primer y segundo plan de acción de parlamento abierto (folio CD001W11312); cuya información se encuentra disponible públicamente en el sitio web observatoriocongreso.cl.

2) Remitimos un correo -al equipo Gobierno Abierto Chile- indicando que al revisar el sitio web de la Alianza para Gobierno Abierto Chile (https://www.ogp.gob.cl/) nos percatamos que en el apartado referente a Parlamento Abierto que si bien, está disponible públicamente el “Segundo Plan de Acción de Parlamento Abierto 2017-2018” y el “Tercer Plan de Acción de Parlamento Abierto 2019-2020” para su descarga, no está publicado el “Primer Plan de Acción de Parlamento Abierto 2014-2016”, por lo cual recomendamos, transparentar de manera activa el documento antes mencionado, junto a los documentos de evaluación del primer y segundo plan de parlamento abierto, para su libre conocimiento, sin embargo, el mail remitido no tuvo respuesta; no obstante a lo anterior, insistimos nuevamente con el requerimiento, enviando nuevamente un correo a OPG Chile el pasado 10 de marzo del año 2022, el cual tuvo efectiva respuesta por parte de la señora Claudia Montero, indicándonos que agradecen que hayamos alertado sobre la situación y junto con ello, remitirá la información a la persona encargada del sitio web para subir al sitio el primer plan de acción de parlamento abierto (2014-2016), situación que efectivamente aconteció.

3) Participamos en el taller de parlamento abierto efectuado el pasado 30 de octubre del año 2020 en el marco del hito Nº2 del compromiso Nº2 del Tercer plan de acción de parlamento abierto (2019-2020) referente a la “Redacción del Reglamento de la Cuenta Pública del Congreso y formato y difusión de cuentas públicas parlamentarias individuales”, la cual tenía como propósito presentar el borrador ambos documentos para recoger propuestas y sugerencias de parte de las organizaciones de la sociedad civil.

4) Elaboramos un documento –en el marco de la presentación realizada por la Fundación Balmaceda ante la Convención constitucional para promover la consagración del principio de transparencia en la próxima carta fundamental- cuyo título es “Transparencia e información pública: un derecho para las personas”, en la cual se exponen los antecedentes y desarrollo de la idea de parlamento abierto tanto a nivel internacional como a nivel nacional.

Por último, cabe señalar que como fundación Balmaceda esperamos seguir contribuyendo en la materialización de los compromisos de parlamento abierto a través de la participación en una serie de actividades que restan por efectuarse –las cuales se encuentran determinadas en el quinto plan de acción de gobierno abierto (2020-2022)- y participar activamente de la Red de Sociedad Civil de Gobierno Abierto (RChGA).

[1] Véase en: https://www.ogp.gob.cl/wp-content/uploads/2020/09/4to-Plan-OGP-Chile.pdf

[2] Véase en: https://trello.com/ogpchile

[3] Véase en: http://consultapublica.ogp.gob.cl/

[4] Para conocer con mayor detalle las propuestas generadas por el equipo Observatorio Congreso de la Fundación Balmaceda, recomendamos acceder al documento titulado “Propuestas de Parlamento Abierto en el marco del V Plan de Acción de Gobierno Abierto” disponible en el siguiente enlace: https://observatoriocongreso.cl/wp-content/uploads/2021/09/Propuesta-Parlamento-Abierto.pdf

[5] Si bien inicialmente, se había señalado por parte del equipo de gobierno abierto del Ministerio Secretaria General de la Presidencia que los compromisos en torno a “Gobierno Abierto” y “Paramento Abierto” fue realizaban de manera independiente, finalmente, se decidió reunir en un solo documento los compromisos derivado de los tres poderes del Estado (ejecutivo. Legislativo y judicial) para promover la concepción de Estado abierto en Chile. 

[6] https://www.instagram.com/p/COsnn-vHnNV/

[7] Esto debido a que se estaba trabajando en el análisis de los reglamentos institucionales para generar un documento comparado.

[8] Quien es la señora Rocio Noriega, asesora del Grupo Bicameral de Transparencia.

[9] Finalmente, el taller que abordo los temas referentes a la actualización del III y IV Planes de Acción de Parlamento Abierto – V de Gobierno Abierto; el compromiso sobre los reglamentos de acceso a la información pública y transparencia del Congreso Nacional – homologación y formularios; y el compromiso sobre el sitio web congreso.cl – estructura y sugerencias de información a publicar.

Los Presidentes de la República y su respaldo militante en el Congreso Nacional

by Matías Sobarzo | Mar 17, 2022 | Uncategorized

Ya asumido el señor Gabriel Boric como presidente de la República, tendrá entre sus desafíos impulsar una serie de reformas contenidas en su programa de Gobierno las que, en gran medida dependerán de la aprobación de sus proyectos de ley en un Congreso Nacional heterogéneo –en comparación a periodos legislativos anteriores-, Congreso en donde la diversidad posiciones políticas presumiblemente tensionará/dificultará la posibilidad de llegar a los consensos necesarios, pues la Cámara de Diputados estará constituida por 4 coaliciones (Chile Podemos Mas con 53 representantes, Apruebo Dignidad –coalición de gobierno- con 37 representantes, Nuevo Pacto Social con 37 representantes y el Frente Social Cristiano con 15 representantes), 4 partidos políticos (el Partido de la Gente con 6 representantes, el Partido Humanista, con 3 representantes, el Partido Ecologista Verde con 2 representantes  y el partido Centro Unido con solo 1 representante); y solamente un diputado sin colación (100% independiente) como es el caso del diputado Carlos Bianchi quien representa el distrito Nº28 de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Por otra parte, en el Senado está constituido por 4 coaliciones: Chile Podemos Mas con 24 representantes, Nuevo Pacto Social con 18 representantes, Apruebo Dignidad con 5 representante y el Frente Social Cristiano solamente 1 representante, junto a dos senadores sin colación (100%) como son el caso de la senadora Fabiola Campillai quien representa a la Circunscripción Nº7 de la Región Metropolitana y el senador Karim Bianchi quien representa a la Circunscripción Nº15 de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Ante este variopinto escenario para el futuro gobierno, en el cual la coalición de gobierno no logra ser 1/3 de total de representantes en ninguna de las dos cámaras que componen el Congreso Nacional, como equipo Observatorio Congreso de la Fundación Balmaceda nos preguntamos, más allá de la cantidad de representantes en términos de colación/conglomerado, ¿Cuántos militantes del partido político del Presidente de la República de turno han integrado el Congreso Nacional desde el retorno a la democracia en Chile?, cuya respuesta al cuestionamiento será proporcionada en los párrafos siguientes.

La década demócrata cristiana

En el contexto de la transición política a la democracia, se efectúan elecciones parlamentarias y presidenciales, por primera vez desde el golpe de Estado y la instauración de la dictadura cívico- militar en Chile. En la elección presidencial de 1989 se presentaron tres candidatos, entre ellos el señor Patricio Aylwin (representando a la coalición Concertación de Partidos por la Democracia), quien resultó ser electo presidente de la República asumiendo sus funciones como mandatario el 11 de marzo del año 1990 (hasta el 11 de marzo de 1994). Si bien eran numerosos los partidos que inicialmente constituyeron la “Concertación” (entre ellos: el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista de Chile, el Partido Radical Social Demócrata, entre otros), para efectos de este análisis solo consideraremos aquellos miembros  del partido político del presidente electo –tal como se indicó inicialmente-, en este caso particular el Partido Demócrata Cristiano, cuya cantidad de miembros en el Cámara de Diputados fue de 38 representantes y en el Senado de 13 representantes.

Posteriormente, en el año 1993 se realizaron nuevamente elecciones parlamentarias y presidenciales resultando electo mandatario, el señor Eduardo Frei-Ruiz Tagle (1994-2000), miembro del Partido Demócrata Cristiano, cuyo partido tuvo una representación tras las elecciones parlamentarias de 37 miembros en la Cámara de Diputados y 13 miembros en el Senado (de los cuales 9 derivaban del proceso electoral de 1989 y 4 habían sido electos en el proceso electoral de 1993)[1], consolidando similar número de escaños respecto al periodo anterior en ambas Corporaciones. Respecto a lo anterior, cabe señalar que la Democracia Cristiana podría haber tenido 14 escaños, sin embargo, el señor Frei Ruiz Tagle al asumir la presidencia, tuvo que renunciar al cargo que ostentaba como senador – hasta el año 1998- representando a la Circunscripción Nº8 correspondiente a la Región Metropolitana, siendo reemplazado por la señora María Elena Carrera Villavicencio, militante del Partido Socialista hasta el final de aquel periodo legislativo.

En el año 1997, se efectuaron elecciones parlamentarias para renovar la cámara baja y parte de la cámara alta, cuyos resultados para el Partido Demócrata Cristiano fueron 38 representante en la Cámara de Diputados y 14 representantes en el Senado (de los cuales 4 derivaban del proceso electoral de 1993 y 10 habían sido electos en el proceso electoral de 1997), ratificando la importancia de dicho partido eje del gobierno y del poder legislativo para consolidar la gobernabilidad nacional en la primera década de gobiernos democráticos, ya que alcanzaron porcentualmente más del 30% del total de los miembros que integran cada una de las dos Corporaciones.

La década socialista

Ahora bien, tras el fin de la “década demócrata cristiana” al mando del ejecutivo, se inicia tras las elecciones de 1999 “la década socialista” al asumir como presidente de la Republica el señor Ricardo Lagos (2000-2006), el cual contó en aquel momento de su ascenso con el apoyo de 11 diputados (electos en las elecciones parlamentarias de 1997) y 4 senadores (3 de ellos electos en las elecciones parlamentarias de 1993 y 1 electo en la elección parlamentaria de 1997) del Partido Socialista. Sin embargo, en la marcha del gobierno del señor Lagos, se efectúan elecciones parlamentarias (el año 2001), disminuyendo la cantidad de diputados socialistas a 10 miembros y aumentando la cantidad de senadores socialistas a 5 miembros (1 de ellos electos en las elecciones parlamentarias de 1997 y los 4 representantes restante electos en la elección parlamentaria de 2001). A partir de ello es posible señalar que la representación de los socialistas durante el gobierno de Lagos fue pequeña, no superando el 15% del total de representantes electos para ambas Corporaciones en las elecciones parlamentarias de 1997 y 2001.

Posteriormente, tras las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2005, fue elegida la militante del partido socialista (PS) señora Michelle Bachelet, como la primera mujer presidenta de la historia de Chile por un periodo de 4 años -a diferencia de los ex mandatarios Frei Ruiz Tagle y Lagos quienes ejercieron como presidentes de la Republica en un periodo de 6 años-, esto tras las reformas constitucionales publicadas en agosto del año 2005, mediante la ley Nº20.050. Respecto de los militantes socialistas en el Congreso para aquel periodo legislativo, existe presencia de 15 diputados y 8 senadores (4 de ellos electos en las elecciones parlamentarias de 2001 y los 4 representantes restante electos en la elección parlamentaria de 2005). De esta forma, es posible afirmar que, en términos de representación legislativa, la ex presidenta Bachelet tuvo mayor cantidad de parlamentarios socialistas que el presidente Lagos, pero menor cantidad que los gobiernos democratacristianos en la década pasada.

Los gobiernos post-Bicentenario

Ahora bien, tras la derrota de la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición que gobernó por 20 años en Chile), en la segunda vuelta presidencial efectuada el 17 de enero del año 2010, resulta vencedor el señor Sebastián Piñera (periodo 2010-2014), quien representó en aquel momento a la “Coalición por el Cambio”, siendo militante del partido Renovación Nacional, el cual consiguió para aquel entonces una representación de 18 diputados y 9 senadores. Ya en el periodo siguiente, resulta nuevamente electa como mandataria la señora Michelle Bachelet (2014-2018) – esta vez encabezando el pacto “Nueva Mayoría”- teniendo igual número de representantes en la Cámara de Diputados que en su periodo anterior (15 miembros del partido socialista) y un número inferior en el Senado (con un total de 6 miembros del partido socialista), en contraste con los 8 senadores en el periodo 2006-2010.

En el periodo legislativo que acaba de concluir bajo el segundo mandato del señor Sebastián Piñera (2018- 2022) tuvo un total de 33 representantes militantes de Renovación Nacional, junto a 3 independientes electos en cupo RN al interior de la Cámara de Diputados mientras que en el Senado tuvo un total de 6 representante militantes de Renovación Nacional, junto a 3 independientes electos en cupo RN, evidenciando un claro aumento en el número de diputados –respecto de su periodo anterior como ejecutivo entre los años 2010 y 2014- el que se puede explicar debido al fin del sistema binominal y la instauración del sistema electoral proporcional inclusivo el cual se materializó mediante la ley Nº20.840 publicada en el Diario Oficial en mayo del año 2015 (disponible aqui) estableciéndose un total de 155 miembros en la cámara baja (distribuidos en 28 distritos electorales) y 50 miembros –de manera progresiva- en la cámara alta (distribuidos en 16 circunscripciones).

Por último, respecto al periodo que recién comienza (2022 – 2026), la presencia del partido en el cual milita el presidente Gabriel Boric, Convergencia Social (CS), solamente cuenta con 4 militantes –siendo tres de ellos incumbentes del periodo anterior: el señor Ibáñez (D6), el señor Winter (D10) y la señora Yeomans (D13) – y 5 independientes electos en un cupo cedido por el partido antes señalado y ningún senador electo en las 16 circunscripciones senatoriales vigentes.

En conclusión, es posible afirmar que “la década demócrata cristiana” (los cuatro años de gobierno del señor Patricio Aylwin más los seis años de gobierno del señor Eduardo Frei Ruiz Tagle) fueron el periodo en el cual hubo mayor cantidad de militantes del partido político del presidente en el Congreso Nacional. Un contraste se marca con el periodo o década socialista que el número de parlamentarios disminuye considerablemente llegando a la mitad de representantes de lo que obtuvieron los presidentes del periodo anterior. Un hito importante lo marca el presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato en el cual logra con el partido Renovación Nacional un total 36 diputados cifra cercana al periodo DC, lo cual no fue traducido al momento de concretar el programa de gobierno. En contraste, el periodo legislativo 2022-2026 será aquel que menor cantidad de representantes miembros del partido político del presidente existirá al interior del Congreso.

Que el presidente Boric solo cuente con una bancada de 9 diputados sin duda supone una ardua tarea tanto en el plano legislativo como en el plano político general –en particular para el actual ministro de la Secretaria General de la Presidencia, el ex diputado Giorgio Jackson (RD), quien es el encargado de establecer los vínculos entre el ejecutivo y el Congreso Nacional- considerando que los parlamentarios juegan un importante papel tanto en el congreso cooperando en la legislatura en base a los mensajes presidenciales del Ejecutivo, como también en la vida política y la contingencia diaria que significa un permanente apoyo a la labor del gobierno tanto en momentos de crisis como en el cumplimiento del programa gobierno.

Un elemento adicional a considerar lo constituye el Partido Comunista, pues son la bancada más grande de la coalición de gobierno (Apruebo Dignidad), por lo cual será el principal apoyo que debiera tener el ejecutivo en el Congreso, respaldo fundamental a la hora de legislar. Este importante apoyo puede tener consecuencias variadas para el éxito de su gobierno. Por una parte, requiere de sus socios comunistas para poder contar con su apoyo a la hora de presentar sus mensajes el Congreso, pero por otra parte ese compromiso puede derivar en presión o exigencia de una izquierda más radical que puede generar desacuerdos con el resto de sus socios en la coalición que tarde o temprano tendrán que comparecer ante las promesas del programa de gobierno del presidente Boric.

[1] Esto debido a que, si bien los senadores duran ocho años en su cargo, estos se renovarán alternadamente cada cuatro año, de conformidad a lo dispuesto en el marco normativo chileno.

Reformas al Congreso Nacional en el programa del Presidente Sebastian Piñera Evaluación y cumplimiento

by Matías Sobarzo | Mar 10, 2022 | Uncategorized

Por Observatorio Congreso

El próximo 11 de marzo del año 2022, el presidente Sebastián Piñera cesa sus funciones como mandatario, asumiendo en su lugar el presidente electo Gabriel Boric. Ad portas de este acontecimiento, como Observatorio Congreso de la Fundación Balmaceda, hemos realizado un breve balance del cumplimiento de su programa de gobierno (disponible aquí), en particular, respecto de la temática relacionada a la “Modernización del Congreso Nacional” contenidas en las páginas 148 y 149 del apartado denominado “Instituciones republicanas: más y mejor democracia”. En su contenido se indican 11 iniciativas sub-divididas en tres áreas:

1.  Área Función legislativa
2.  Área Autonomía y función fiscalizadora
3.  Área Probidad y transparencia

Respecto al área N° 1 sobre función legislativa, se propuso:

a)  Potenciar el rol de la Biblioteca del Congreso como órgano asesor y profesionalizar la asesoría parlamentaria, transitando desde la asesoría externa individual a las asesorías profesionales permanentes por Comités o Bancadas. Estas se designarán por concurso público en tres etapas, incluyendo criterios de profesionalización y confianza política. Los asesores tendrán dedicación exclusiva al trabajo legislativo

b)  Crear una Secretaría Técnica común del Senado y la Cámara, que cumpla una función revisora previa a la promulgación de la ley. Dicha secretaría deberá elaborar un modelo de redacción legislativa e informar sobre la admisibilidad de las mociones parlamentarias, los errores de técnica legislativa, las posibilidades de refundir proyectos, la racionalización del número de comisiones permanentes

c)  Incorporar las plantas del Congreso al sistema de Alta Dirección Pública

d)  Involucrar al Congreso en la creación y funcionamiento de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, con el objeto de evaluar los efectos de la legislación y

e)  Disminuir el número de parlamentarios manteniendo un sistema proporcional, reduciendo su número a 120 diputados y 40 senadores.

Una vez analizadas las diferentes iniciativas propuestas por el ejecutivo en esta área no encontramos avances significativos dado que el ejecutivo no presenta antecedentes de mensajes al respecto. Sólo existe una iniciativa presentada como moción parlamentaria.

De acuerdo a nuestra investigación y como respuesta recibida a partir de la solicitud de información (folio NoAF001T0001945) remitida por el subsecretario de la SEGPRES, señor Máximo Pavez, en julio del año 2021, se indica que, en relación a esta área, solamente –hasta la fecha de respuesta- se presentó un único proyecto de ley relacionado al compromiso sobre la disminución del número de congresistas (sean estos provenientes de la Cámara de Diputados y el Senado) mediante la iniciativa de ley originada en moción parlamentaria (boletín No11692- 07) por diputados miembros de las bancadas de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional en abril del año 2018, en cuyo documento se indica como propuesta que “La Cámara de diputados y el Senado estarán compuestos por un número de 120 y 40 miembros respectivamente, los cuales serán elegidos por un sistema proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes por distrito y circunscripción electoral.”, sin embargo, la iniciativa no prospero puesto que el proyecto fue rechazado (al no alcanzar el quorum necesario de 3/5) en su discusión en general en la cámara baja, el pasado 04 de noviembre del año 2020, por 78 votos a favor, 67 votos en contra y 7 abstenciones, siendo postreramente archivado.

Podemos afirmar que particularmente en el área analizada “Función legislativa” observamos cero cumplimiento por parte del Ejecutivo respecto de proyectos de ley asociados a dichas promesas emanadas del ejecutivo.

Respecto al área N° 2 referente a autonomía y función fiscalizadora, se propuso:

a) Crear el Servicio de Análisis Regulatorio y Presupuestario del Congreso, cuya función será implementar un sistema de información más completo y asequible respecto de las iniciativas legislativas, especialmente aquellas complejas como la Ley de Presupuestos

 b) Perfeccionar los mecanismos de fiscalización al gobierno y la administración pública y fortalecer la obligación de respuesta y seguimiento de oficios por parte del Ejecutivo

c) Establecer la obligación de las autoridades del Ejecutivo o sus representantes de asistir a las comisiones legislativas a las que sean citados y sancionar como falta grave a la probidad administrativa la entrega de antecedentes falsos en comisiones investigadoras.

En relación con esta área, el Subsecretario de la SEGPRES en la respuesta a la solicitud de información señalada anteriormente (cuya denominación es el Ord.887) indica que a la fecha consultada no existen proyectos de ley en la materia. No obstante, a lo anterior, existe una propuesta similar a la creación del Servicio de Análisis Regulatorio y Presupuestario del Congreso, contenida en el Tercer Plan de Acción de Parlamento Abierto (particularmente en el compromiso No1) denominada “Implementación de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional de acuerdo con estándares internacionales” el cual tiene como propósito –de acuerdo al documento previamente indicado- realizar análisis de forma “independiente, apolítica y profesional de acuerdo a las recomendaciones internacionales (…) supuestos macroeconómicos en que se basa el proyecto de la ley de presupuestos, sus distintas proyecciones y su consistencia con otras normas o reglas fiscales; que realice análisis comparativo analítico del proyecto de la ley de presupuestos; análisis de consistencia del presupuesto o la estimación de ingresos y de gastos por partida y por glosa; que realice seguimiento, utilizando inteligencia de datos y con los profesionales adecuados para cumplir con las funciones que se establezcan. Además, proponer acuerdos con la DIPRES -Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile- y otras instituciones para establecer protocolos de acceso de datos para que la Oficina pueda cumplir con su misión”. En la actualidad, dicho compromiso, cuya ejecución dependió del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional, de acuerdo con ParlAmericas (red parlamentaria independiente, creada el año 2012, parlamericas.org), se encuentra logrado como resultado de una decisión administrativa mediante la Resolución N°41 del 07 de septiembre de 2021, en donde la Secretaría General del Senado estableció la estructura orgánica y funcional de la Oficina creándose formalmente el año 2021, de acuerdo a lo señalado por parte del sitio web del Senado.

Podemos afirmar que particularmente en el área analizada “Autonomía y función fiscalizadora” observamos cero cumplimiento por parte del Ejecutivo respecto de proyectos de ley asociados a dichas promesas emanadas del ejecutivo.

Finalmente, en relación al área N° 3 correspondiente a probidad y transparencia, se propuso:

a)  Fortalecer el control ético y de gestión presupuestaria creando una Contraloría General del Congreso Nacional que ejerza su rol con autonomía

b)  Establecer una instancia permanente, de carácter colegiada e independiente, encargada de la dirección general y superior del Congreso, responsable de su gestión administrativa y económica y,

c)  Incorporar la obligación anual de los parlamentarios de rendir cuentas públicas en sus respectivos distritos y circunscripciones.

Sobre ello, el Subsecretario Máximo Pavez en respuesta a la solicitud de información señalada con anterioridad, indica que a la fecha de consulta (julio del año 2021) el ejecutivo no ingresó iniciativas de ley (mensajes) en esta tercera área, sin embargo, el señor Pavez destaca la existencia de un proyecto de ley –que data de agosto del año 2015- iniciado en moción parlamentaria (No10264-07) el cual busca modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia –cuya promoción de aprobación es parte del primer compromiso del Segundo Plan de Parlamento Abierto (2017-2018), no obstante, a la fecha se encuentra el primer trámite constitucional en el Senado. A su vez, cabe mencionar que el segundo compromiso del Tercer Plan de Acción de Parlamento Abierto (2019-2020) establece la propuesta de “redacción del Reglamento de la Cuenta Pública del Congreso y formato y difusión de cuentas públicas parlamentarias individuales”, evidenciando cierta similitud con la propuesta No3 del área tres sobre incorporar la obligación anual de los parlamentarios de rendir cuentas públicas en sus respectivos distritos y circunscripciones. Sobre este compromiso en particular de Parlamento Abierto (cuya ejecución depende del Grupo Bicameral de Transparencia), es posible señalar que a la fecha –de acuerdo con ParlAmericas- se encuentra parcialmente logrado, ya que si bien se efectuaron tanto el hito No1 sobre la realización de los borradores del reglamento como el hito No2 sobre el taller con la presencia de organizaciones de la sociedad civil (ONG) el cual se realizó vía zoom el día 30 de octubre del año 2020, a la fecha no se ha materializado el hito No3 sobre la presentación de la redacción final del reglamento y su respectiva presentación de moción parlamentaria.

En relación a las propuestas del programa de gobierno, a modo de complemento, es necesario mencionar que en agosto del año 2019 el presidente Sebastián Piñera presentó el documento titulado «Propuesta de trabajo, agenda de modernización del Congreso”, tanto al –en ese entonces- presidente del Senado Jaime Quintana (PPD) como al presidente de la Cámara de Diputados Iván Flores (PDC), dicho documento de 21 paginas contiene 24 propuestas para modernizar el Congreso Nacional de Chile, según consta en un artículo de prensa publicado en el periódico La Tercera, la noticia titulada “Sancionar incumplimiento de urgencias y prohibir indicaciones a acuerdos internacionales: Las propuestas de Piñera para modernizar el Congreso”, entre las cuales se encuentran : modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, los reglamentos internos de ambas Corporaciones, sancionar incumplimiento de urgencias, disminuir el receso parlamentario, entre otras iniciativa. Sin embargo, como Observatorio Congreso efectuamos la respectiva solicitud (efectuada por el coordinador del área) a Presidencia –la cual fue derivada al Ministerio Secretaria General de la Presidencia- en la cual se nos indicó en la correspondiente respuesta emitida por parte de aquel entonces subsecretario de la SEGPRES señor Claudio Alvarado, que no fue posible acceder a la entrega de la información solicitada, de conformidad a lo establecido en el artículo No1 de la ley 20.285, sobre acceso a la información pública, en la cual se establece que será reservada aquella información que trate de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución o medida, evidenciando de esta manera que en aquel momento no se había materializado dicha propuesta de trabajo.

En conclusión, el nivel de cumplimiento de las reformas prometidas por parte del presidente Sebastián Piñera en materia relacionada al Congreso Nacional, mediante iniciativas de ley del ejecutivo, fue de un 0%. No obstante, el ethos de algunas de las propuestas antes mencionadas están contenidas en otros documentos de carácter normativos y/o administrativos los cuales se han implementado o están a la espera de su aprobación y responden a iniciativas que en ningún caso emanaron del Ejecutivo, tales como lo aportado por las bancadas UDI y RN quien y propuesta similares contenidas en los distintos planes de Acción de Parlamento Abierto que dependen del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional, y que en algunos casos se concretaron y en otros se encuentra parcialmente logrado.

El valor ausente de la transparencia

by Matías Sobarzo | Feb 12, 2022 | Uncategorized

Equipo Observatorio Congreso de la Fundación Balmaceda

11 febrero 2022

La Convención Constitucional, como era de esperar, ha propiciado la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de una nueva carta fundamental para Chile. Por medio de su Reglamento, las iniciativas populares de norma han emergido como una alternativa para que la ciudadanía pueda organizarse y proponer normas constitucionales a la Convención en alguna de sus siete Comisiones, con la exigencia de reunir 15.000 firmas de, a lo menos, 4 regiones distintas para que éstas sean discutidas por el Pleno. Se podían presentar iniciativas hasta el día 20 de enero, recibiendo apoyos hasta el pasado 01 de febrero, todo esto en la plataforma web que se habilitó al efecto (www.iniciativas.chileconvencion.cl).

Más allá de la discusión en torno a los plazos o retrasos en la publicación de las iniciativas, lo relevante es que permitió que tanto personas naturales como jurídicas y, a su vez, organizaciones de la Sociedad Civil pudieran integrarse al debate constitucional en diversas temáticas de su interés/estudio/conocimiento/entre otras. Sin ir más lejos, nosotros la Fundación Balmaceda —entre otras tantas organizaciones de la Sociedad Civil— fuimos partícipes de este proceso por medio de la iniciativa Nº31.750 titulada “Transparencia e Información Pública: un derecho para las personas”, aceptada el 07 de enero, y que buscaba consagrar explícitamente el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública con rango de derecho en la nueva Carta Fundamental —el cual hasta hoy solamente mantiene rango legal a través de la Ley Nº20.285—. Sin embargo, ninguna de las iniciativas —alrededor de 28 vinculadas a la transparencia o el derecho de acceso a la información— reunieron el apoyo necesario de la ciudadanía —de hecho, la nuestra solo contó con 166 apoyos—.

Hoy la ciudadanía exige más y mejor democracia y una mayor incidencia en los asuntos públicos. Redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram se han convertido en un espacio virtual comunitario, para que diferentes personas, sean jóvenes o adultos, puedan expresar su opinión y descontento hacia aquellas situaciones opacas que son muy habituales en la esfera de lo público donde las y los representantes políticos, quienes administran el estado son los principales responsables. Junto a ello, en la última década se han efectuado diferentes movilizaciones sociales que han expresado las demandas de la ciudadanía en materias como educación, salud, pensiones, género y vivienda.

Una buena noticia es que hoy en día, en el marco del proceso constitucional, mediante las iniciativas populares de norma, se ha desarrollado una participación directa por parte de la ciudadanía en la Convención sobre las problemáticas que les aquejan. Producto de ello, existen iniciativas que —dada la importancia social y la organización de sus promotores y promotoras— han alcanzado las 15.000 firmas necesarias para su discusión en el Pleno. Entre aquellas destacan “Con mi plata no: Defiende tus ahorros” que tiene más de 60 mil firmas, “Cannabis a la Constitución ahora” que reunió más de 44 mil firmas y “Será ley” que reunió más de 38 mil firmas.

Todas propuestas legítimas, que expresan el sentir de sectores importantes de la ciudadanía y que algo nos quieren decir respecto a cómo organizarnos de aquí en adelante.

Pero hay algo que a juicio nuestro no se condice con las multitudinarias expresiones de la ciudadanía en torno a más y mejor democracia. 

Para nosotros el acceso a la información pública debiera representar un derecho fundamental para todos los ciudadanos que requieran buscar y recibir información y datos que maneja el estado. La información pública también es fundamental porque permite que los ciudadanos participemos en los asuntos políticos y fiscalicemos las acciones del Estado. 

Al contar con el derecho de acceso a la información pública solo resultan acciones propias de una democracia sana, se fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas son evaluadas no solo técnicamente sino por la ciudadanía, la gestión pública y por ende la gobernabilidad democrática son cada vez de más eficaces para combatir la corrupción. En resumen, se refuerza la legitimidad del sistema democrático, la democracia se fortalece al incorporar al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas.

A pesar de todo el fenómeno social que venimos presenciando en los últimos años y que denotan rechazo a la débil democracia, al abuso de unos pocos poderosos, la falta de transparencia, al ocultamiento de información y la ausencia de rendición de cuentas por parte de autoridades, es que nos cuesta comprender que la ciudadanía otorgue silencio a iniciativas como la que hemos presentado.

Parte de la desconfianza que tiene la ciudadanía hacia el Estado o la clase política se encuentra en el desprestigio y el descrédito de las instituciones políticas, ya sea por casos de corrupción o manejo indebido del presupuesto en la administración pública o simplemente falta de información pública.

Si bien como Fundación hemos realizado el correspondiente trabajo de difusión de nuestra iniciativa, al parecer no fuimos eficaces a la hora de transmitir el mensaje y la importancia de esta en particular cuando se le asocia a otras demandas legitimas existentes.

Tampoco fuimos sensatos al promover una alianza de colaboración entre ONG´s pro-transparencia con la finalidad de proponer una única iniciativa popular de norma para, por lo menos, haber concentrado la considerable cantidad de apoyos que necesitábamos.

Dada la relevancia que mantendría el principio de transparencia y el derecho a la información pública en la próxima carta fundamental de Chile como un pilar para el Estado de Derecho moderno, el régimen democrático y el buen funcionamiento de la gobernanza y; en vista que ninguna de las iniciativas populares de norma en esta materia lograron reunir los apoyos necesarios de la ciudadanía para su discusión, esperamos que las y los Convencionales Constituyentes consideren incorporarlo en el debate constitucional, sea a través de comisiones o en el Pleno, promoviendo a su vez, la concientización de la ciudadanía sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública como un derecho llave, el cual pretende contribuir a la protección y realización de otros derechos fundamentales que también serán incorporados a la carta Magna que nos regirá a lo menos los próximos cuarenta años.