El valor ausente de la transparencia

El valor ausente de la transparencia

Equipo Observatorio Congreso de la Fundación Balmaceda

11 febrero 2022

La Convención Constitucional, como era de esperar, ha propiciado la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de una nueva carta fundamental para Chile. Por medio de su Reglamento, las iniciativas populares de norma han emergido como una alternativa para que la ciudadanía pueda organizarse y proponer normas constitucionales a la Convención en alguna de sus siete Comisiones, con la exigencia de reunir 15.000 firmas de, a lo menos, 4 regiones distintas para que éstas sean discutidas por el Pleno. Se podían presentar iniciativas hasta el día 20 de enero, recibiendo apoyos hasta el pasado 01 de febrero, todo esto en la plataforma web que se habilitó al efecto (www.iniciativas.chileconvencion.cl).

Más allá de la discusión en torno a los plazos o retrasos en la publicación de las iniciativas, lo relevante es que permitió que tanto personas naturales como jurídicas y, a su vez, organizaciones de la Sociedad Civil pudieran integrarse al debate constitucional en diversas temáticas de su interés/estudio/conocimiento/entre otras. Sin ir más lejos, nosotros la Fundación Balmaceda —entre otras tantas organizaciones de la Sociedad Civil— fuimos partícipes de este proceso por medio de la iniciativa Nº31.750 titulada “Transparencia e Información Pública: un derecho para las personas”, aceptada el 07 de enero, y que buscaba consagrar explícitamente el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública con rango de derecho en la nueva Carta Fundamental —el cual hasta hoy solamente mantiene rango legal a través de la Ley Nº20.285—. Sin embargo, ninguna de las iniciativas —alrededor de 28 vinculadas a la transparencia o el derecho de acceso a la información— reunieron el apoyo necesario de la ciudadanía —de hecho, la nuestra solo contó con 166 apoyos—.

Hoy la ciudadanía exige más y mejor democracia y una mayor incidencia en los asuntos públicos. Redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram se han convertido en un espacio virtual comunitario, para que diferentes personas, sean jóvenes o adultos, puedan expresar su opinión y descontento hacia aquellas situaciones opacas que son muy habituales en la esfera de lo público donde las y los representantes políticos, quienes administran el estado son los principales responsables. Junto a ello, en la última década se han efectuado diferentes movilizaciones sociales que han expresado las demandas de la ciudadanía en materias como educación, salud, pensiones, género y vivienda.

Una buena noticia es que hoy en día, en el marco del proceso constitucional, mediante las iniciativas populares de norma, se ha desarrollado una participación directa por parte de la ciudadanía en la Convención sobre las problemáticas que les aquejan. Producto de ello, existen iniciativas que —dada la importancia social y la organización de sus promotores y promotoras— han alcanzado las 15.000 firmas necesarias para su discusión en el Pleno. Entre aquellas destacan “Con mi plata no: Defiende tus ahorros” que tiene más de 60 mil firmas, “Cannabis a la Constitución ahora” que reunió más de 44 mil firmas y “Será ley” que reunió más de 38 mil firmas.

Todas propuestas legítimas, que expresan el sentir de sectores importantes de la ciudadanía y que algo nos quieren decir respecto a cómo organizarnos de aquí en adelante.

Pero hay algo que a juicio nuestro no se condice con las multitudinarias expresiones de la ciudadanía en torno a más y mejor democracia. 

Para nosotros el acceso a la información pública debiera representar un derecho fundamental para todos los ciudadanos que requieran buscar y recibir información y datos que maneja el estado. La información pública también es fundamental porque permite que los ciudadanos participemos en los asuntos políticos y fiscalicemos las acciones del Estado. 

Al contar con el derecho de acceso a la información pública solo resultan acciones propias de una democracia sana, se fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas son evaluadas no solo técnicamente sino por la ciudadanía, la gestión pública y por ende la gobernabilidad democrática son cada vez de más eficaces para combatir la corrupción. En resumen, se refuerza la legitimidad del sistema democrático, la democracia se fortalece al incorporar al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas.

A pesar de todo el fenómeno social que venimos presenciando en los últimos años y que denotan rechazo a la débil democracia, al abuso de unos pocos poderosos, la falta de transparencia, al ocultamiento de información y la ausencia de rendición de cuentas por parte de autoridades, es que nos cuesta comprender que la ciudadanía otorgue silencio a iniciativas como la que hemos presentado.

Parte de la desconfianza que tiene la ciudadanía hacia el Estado o la clase política se encuentra en el desprestigio y el descrédito de las instituciones políticas, ya sea por casos de corrupción o manejo indebido del presupuesto en la administración pública o simplemente falta de información pública.

Si bien como Fundación hemos realizado el correspondiente trabajo de difusión de nuestra iniciativa, al parecer no fuimos eficaces a la hora de transmitir el mensaje y la importancia de esta en particular cuando se le asocia a otras demandas legitimas existentes.

Tampoco fuimos sensatos al promover una alianza de colaboración entre ONG´s pro-transparencia con la finalidad de proponer una única iniciativa popular de norma para, por lo menos, haber concentrado la considerable cantidad de apoyos que necesitábamos.

Dada la relevancia que mantendría el principio de transparencia y el derecho a la información pública en la próxima carta fundamental de Chile como un pilar para el Estado de Derecho moderno, el régimen democrático y el buen funcionamiento de la gobernanza y; en vista que ninguna de las iniciativas populares de norma en esta materia lograron reunir los apoyos necesarios de la ciudadanía para su discusión, esperamos que las y los Convencionales Constituyentes consideren incorporarlo en el debate constitucional, sea a través de comisiones o en el Pleno, promoviendo a su vez, la concientización de la ciudadanía sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública como un derecho llave, el cual pretende contribuir a la protección y realización de otros derechos fundamentales que también serán incorporados a la carta Magna que nos regirá a lo menos los próximos cuarenta años.

Los programas presidenciales de los “30 años”

Los programas presidenciales de los “30 años”

La vigencia de los quorum supramayoritarios y demás enclaves autoritarios ante un futuro participativo

                La tradición democrática chilena, recompuesta el año ’89 tras el plebiscito que acabó con 17 años de Dictadura Militar, ha tenido a cuatro presidentes y una presidenta, que durante sus campañas han presentado a la ciudadanía planes de gobierno con los que llegaron a La Moneda. La Nueva Constitución ha abierto la puerta a reformar nuestro Congreso Nacional y la forma en que entendemos la participación democrática, temas que en estos años han estado en la agenda política y legislativa.

 Una revisión y análisis de los programas presidenciales de los 7 mandatos desde el retorno a la democracia es lo que realizó el Observatorio Congreso, iniciativa de Fundación Balmaceda para la transparencia y el seguimiento legislativo. Al ser consultado, Matías Riveros, cientista político, magíster en gobierno y políticas públicas en la Universidad Católica y autor del informe, nos comenta que el Observatorio trabaja en estudios sobre los programas presidenciales y “todas las ideas y propuestas que vayan en relación con el Congreso Nacional”.

El presente informe “es un análisis de los programas de gobierno, no hay que confundirlo con las metas o los cumplimientos, hicimos un estudio de lo que propusieron a la ciudadanía para las elecciones”. Dentro de los hallazgos importantes se establecen 2 periodos y, por otro lado, nos permite reconocer los impedimentos para importantes cambios como las reglas supramayoritarias y la ausencia de plebiscitos nacionales.

Primer periodo ’89 – 2006: Desarmar los enclaves autoritarios

 La primera tarea propuesta por la Concertación es terminar con los senadores designados y mecanismos que se establecieron en la Constitución para evitar cambios estructurales. Ya desde el Programa de Gobierno de Patricio Aylwin (1989), propusieron el fin del sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional, además de la eliminación de los Senadores Designados, en su mayoría oficiales de las Fuerzas Armadas. Tendrían que pasar 2 periodos presidenciales de 6 años para tener un Congreso plenamente constituido bajo elección popular y varios más para acabar con el binominal.

 En 1993, durante la elección que erigió a Eduardo Frei, Chile conoció por primera vez propuestas de participación a través de plebiscitos vinculantes en la labor legislativa, en esa ocasión se propuso que con el 5% del padrón electoral se pudiera proponer o derogar proyectos de ley en algunas materias. Estos proyectos, indican desde el Observatorio, “ingresaron y quedaron en primer trámite. Se fueron pateando hasta que finalmente quedaron archivados” a causa de los quorum supramayoritarios más un sistema electoral binominal.

Segundo periodo: Transparencia y participación

 Durante el 2006, y con la entrada en vigencia de las reformas constitucionales que estamparon la firma de Ricardo Lagos y su ministro del Interior, Francisco Vidal, en la Constitución del ’80, el sistema político dio paso a programas de gobierno que pusieron en el centro la transparencia en el financiamiento e institucionalidad de los partidos, como es el caso del Programa de Gobierno de Sebastián Piñera en 2010, que buscó la inscripción automática, voto voluntario y voto en el extranjero, además de proponer transparencia en control interno, financiamiento y organización de los partidos políticos, a través del Servel. Resulta interesante señalar que Piñera propuso en su Programa del 2017, que en caso de necesitar reemplazar a un parlamentario lo sucedería el siguiente más votado, a diferencia de hoy que “la responsabilidad del reemplazo cae en los partidos. Si la persona es independiente, es decir, no apoyada por ningún partido, ese cupo queda vacío” advierte Matías, con la actual legislación es lo que sucedería con el cupo dejado en la constituyente por Rodrigo Rojas Vade.

Por otro lado, las reformas planteadas por el Consejo Anticorrupción de la presidenta Bachelet, a raíz de los casos Penta, Soquimich, Caval y los conflictos de intereses, incluyeron los propuestos en su Programa de Gobierno (2014) la instauración de un sistema electoral proporcional, que en buena medida permitieron el ingreso de grupos o actores antes excluidos por el binominal y luego de su segundo mandato, la paridad de género.

Conclusiones

Aunque el estudio abarca diversas propuestas no pudieron materializarse, podemos recoger ejemplos que ya son debates de la Convención Constitucional referentes al Poder Legislativo. “Principalmente de Ricardo Lagos en adelante, hay propuestas, por ejemplo: plebiscitos como mecanismo para dirimir diferencias entre las cámaras (…) el 2005, Bachelet con su propuesta de incorporar iniciativa popular de leyes. Aunque no en todos los ámbitos, sí por ejemplo en los planes reguladores, que son importantes para las comunas”

Desde el Observatorio creen que “pensar que estas medidas van a generar un cambio inmediato parece ilógico e impensado, todos estos cambios necesitan ser socializados por la ciudadanía, que sean participativos y tener etapas de prueba. Por ejemplo, cuando fue la puesta en marcha la reforma procesal penal, que dio creación al Ministerio Público, empezó con pruebas piloto en la Araucanía y Coquimbo, y progresivamente estos cambios fueron llevándose a cabo”.

Equilibrar las expectativas y evitar las frustraciones es una tarea que hoy no solo recae en la Convención, y así lo iremos confirmando, por ejemplo, cuando el Congreso debata sobre los plebiscitos dirimentes. Esta y otras son Propuestas de Gobierno que estuvieron presentes en los “30 años” y que te invitamos a revisar en www.observatoriocongreso.cl/analisis-programas-de-gobierno-1989-2017

Informe sobre viajes al extranjero de senadores deja dudas sobre el cumplimiento de la transparencia

Informe sobre viajes al extranjero de senadores deja dudas sobre el cumplimiento de la transparencia

[3 Minutos]

El Observatorio del Congreso Nacional plantea su preocupación sobre el acceso a información sobre Lobby

 Desde noviembre de 2014, senadores y diputados, están afectos a la ley de lobby (N°20.730) y sus correspondientes reglamentos, siendo entendida como la actividad en la que personas naturales y jurídicas promueven y defienden sus intereses, buscando influir en las decisiones de los legisladores. Con fundadas razones, estas actividades son de conocimiento público en favor de la probidad y la transparencia. El reglamento obliga a los legisladores (y otras autoridades públicas), entre otras cosas, a transparentar las audiencias, donaciones y viajes que realizan; es por ello que, en función del cumplimiento de esta normativa, el Observatorio Congreso de la Fundación Balmaceda, realizó un informe que analiza los viajes declarados por los Senadores en ejercicio y el funcionamiento de los canales dispuestos para su transparencia, encontrando más de un error o suspicacia que pasamos a detallar:

Escasa información

 La primera interrogante, que plantea el Observatorio Congreso, es que sólo 5 de los 43 senadores informaron viajes al extranjero, de los cuales solamente 2 de ellos, Isabel Allende y Alfonso De Urresti, ambos socialistas, indicaron el costo de sus viajes, a diferencia de Juan Antonio Coloma (UDI) y Francisco Huenchumilla (DC) por cuyos viajes, a Marruecos y Paraguay respectivamente, declararon un costo de cero pesos (0$). Misma situación presenta el senador por Antofagasta y excandidato presidencial Alejandro Guillier, quien declara 3 viajes al extranjero, Costa Rica, Argentina y Brasil, ninguno de ellos con costo declarado. Por otro lado, la plataforma dispuesta para la transparencia de los datos declarados por los congresistas, www.infolobby.cl, no refleja ninguno de estos viajes.

Viajes no declarados

 El artículo 60 de la Constitución Política de la República, permite a los senadores contar con un permiso que los excluye de sus labores cuando los viajes duran más de 30 días, lo que debe ser solicitado explícitamente en la cámara alta. A esa condición se acogieron los senadores José Miguel Insulza y Alejandro Navarro para ser parte de los observadores extranjeros en las elecciones de México del pasado 6 de junio. Lo anterior, a diferencia de la Senadora por el Biobío Jaqueline Van Rysselbergue quien, se supo, viajó a Arabia Saudita a reunirse con el canciller Saudí, como lo indica la nota “¿En qué anda Van Rysselberghe en Arabia Saudita?: viaje de senadora desata furia por privilegios» de Radio Biobio. La parlamentaria no solicitó el permiso especial a la Cámara, ni tampoco declaró el viaje según el reglamento de Lobby. El caso fue bastante bullado en su momento, sin embargo, y a pesar de esto, cabe la duda respecto si es que otros viajes ocurrieron y no fueron así de reportados por la prensa.

Conclusiones

 El Observatorio Congreso tiene por objetivo que la labor parlamentaria sea más transparente y cercana a la ciudadanía, es por ello que en su informe manifiesta preocupación por la efectividad que tiene el reglamento en la transparencia de los viajes de Senadores, preguntándose si en realidad en 7 años se han realizado viajes al extranjero tan sólo por 5 senadores, cuánto de la actividad parlamentaria pudo verse influida por estos viajes y por cierto, por qué los congresistas han podido declarar, inexplicablemente, que los viajes no tuvieron costo.

Revisa aquí el Informe Completo

Análisis crítico de los programas presidenciales Chile Vamos y Apruebo Dignidad

Análisis crítico de los programas presidenciales Chile Vamos y Apruebo Dignidad

[4 minutos 30 segundos]

Las razones probables detrás de sus triunfos y diferencias entre Sebastian Sichel y Gabriel Boric

Tras las primarias de los conglomerados Chile Vamos y Apruebo Dignidad que dieron por ganadores a Sebastián Sichel y Gabriel Boric, dos visiones distintas del Estado quedaron expuestas, su forma de administración y la separación de poderes. A través de la revisión y análisis de sus programas de gobierno, el Observatorio Congreso, profundizó sobre ambas alternativas, con atención en la administración del Estado y el poder legislativo, con el objetivo de comparar sus propuestas y proyectar un escenario legislativo para el próximo periodo 2022-2026

 Los diagnósticos son compartidos en gran medida por los 6 candidatos que se presentaron a primarias legales: falta de transparencia y control civil se repiten en ambos bandos. Sin embargo, Gabriel Boric y Sebastián Sichel, quienes estarán en la papeleta el 21 de Noviembre y que puntean en las encuestas Criteria y Cadem de la última semana, plantean importantes diferencias entre sus propuestas y tendrán como tarea inmediata decidir si integrarán o no las ideas de sus ex competidores de pacto a sus programas. Otro problema será el relato que tendrán los mismos con la Convención Constitucional en sesión durante este periodo y, seguramente, durante buena parte del próximo mandato.

Estado chico y eficiente

 El candidato Sichel planteó en su programa el concepto de “ciudadanización del Estado”, lo que traduce en propuestas que apuntan a la reducción del gasto público y la probidad, al mismo tiempo que refuerza las ideas de empoderar a las personas y sus emprendimientos.

 En lo referente al Parlamento -según el informe de Observatorio Congreso- Sichel indica la disminución de la dieta y de las asignaciones parlamentarias a promedios de países OCDE de similar desarrollo que Chile, lo que significaría un 73% de reducción en asignaciones para senadores y un 50% a diputados. Además, propone reducir a 120 los actuales 155 diputados, cuestión ya discutida por el parlamento actual y archivada por falta de apoyo. No obstante, el informe indica aspectos del programa de Sichel que fortalecen la institucionalidad, a través de escaños reservados a Pueblos Originarios, la creación de una defensoría ciudadana y una agencia de programas públicos.

 En materia de reglas, su programa planteó vincular la remuneración de los parlamentarios con su asistencia a las sesiones y la prohibición por Ley de contratar a familiares hasta segundo grado consanguíneo. El informe del Observatorio Congreso transparenta que hoy ya existen multas y mecanismos para efectos de ausencia de un diputado/a en el Reglamento de la Cámara (Artículo 42).

 Aunque la ventaja de competir entre más candidatos no significó para el conglomerado de la derecha atraer a más votantes que la primaria de izquierda, si podría resultar beneficioso tener más de donde integrar propuestas, eso si es que, el ahora candidato de “Chile Podemos Más”, elige integrar propuestas como la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional fiscalizadora y transparente presente en el primer programa de Briones, cuotas de género en la elección de Cores y concejales, del programa de Desbordes, o barrios integrados y bono a mujeres embarazadas del ex alcalde Lavín.

Estado Social y Garante de Derechos

El programa de Gabriel Boric varió el lenguaje respecto del programa preliminar y el definitivo, ambos revisados por el Observatorio Congreso, y donde se evidencia que palabras como “pueblo” y “estado abierto” dejaron de estar presentes, sin que eso significara cambios en la estructura de reformas propuestas para su mandato.

 En particular a la reforma del Estado, Boric acoge la propuesta de la CEPAL que nuestro país lleva a cabo en su quinta etapa, referido a “Establecer un nuevo modelo de relaciones laborales, el desarrollo y perfeccionamiento de la alta dirección pública, reformar los mecanismos de contratación y compras públicas, más participación mediante la modificación de la legislación vigente sobre participación ciudadana en la gestión pública, modificación de leyes y auspicio de iniciativas de ley que refuerce la participación, fortalecer la transparencia garantizando la universalidad del derecho al acceso a la información pública, el fortalecimiento y modificación de la Ley del Lobby y propender a un Estado digital». Estas reformas exigen una nueva forma de entender la estructura estatal, por lo que la sintonía que tengan con lo emanado de la Convención Constitucional es clave.

 En particular respecto al Congreso, el informe evidencia que también plantea reformas que la actual constitución no permite, tales como atribuciones del parlamento en materia presupuestaria y participación ciudadana como la iniciativa popular de ley y los referéndum revocatorios. Destaca, por cierto, la afectación que tendría en los parlamentarios la reforma a la Ley del Lobby, para mejorar el control y fiscalización de su labor legislativa.

 En su programa, su contendor en la primaria, Daniel Jadue, no especificó sobre medidas referentes al Congreso, y cabe la duda si propuestas como la eliminación de ministerios a través de su fundición serán acogidas por el candidato que lidera las encuestas.

Conclusiones y lo que viene:

Hasta el jueves 23 de Septiembre deberíamos esperar para tener novedades desde el Servel sobre los programas definitivos con los que ambos candidatos llegarán a la papeleta el 21 de Noviembre, sin embargo, el informe elaborado por el Observatorio Congreso, da cuenta de los lineamientos con que ambos piensan liderar el país, donde un Estado presente con roles de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas es compartido.

 Además, los programas de los candidatos ganadores de la primaria son los más contundentes en propuestas concretas y reformas, lo que pudo significar una ventaja sobre sus contrincantes y favoritos hasta el mismo día de la elección. Por último, es destacable las diferencias a la hora de abordar reformas constitucionales, donde Boric parece seguro de que La Convención caminará en una dirección afín a su programa.

Revisa el informe aqui el informe en detalle

Presentación sitio web Observatorio Congreso

Presentación sitio web Observatorio Congreso

A través del sitio web www.observatoriocongreso.cl pone a disposición de la ciudadanía una plataforma que sistematiza datos asociados al comportamiento de parlamentarios y parlamentarias en el Congreso Nacional, “en circunstancias en que el Estado produce y almacena miles de datos diariamente, en variadas y distintas áreas, como Observatorio Congreso, nos fijamos como meta, junto con almacenar la información, traducirla a un formato amigable, convirtiéndola en contenido en sí misma y cruzando datos que antes solo se evaluaron por separado” afirmó Manuel Lobos Infante  director ejecutivo de la Fundación Balmaceda y responsable del proyecto.,

En el contexto de las próximas elecciones parlamentarias, donde varios congresistas ya en ejercicio pretenden ser reelegidos, “buscamos que la labor parlamentaria sea transparentada y cercana a la ciudadanía y con esta herramienta facilitamos el rol fiscalizador de los mismos ciudadanos. Es probable que aquello sea determinante, ¿y por qué no debiera serlo?, a la hora de elegir o reelegir a nuestros representantes”.

El sitio web ofrece además distintos rankings, entre ellos, de asistencias, presentación de mociones, comportamiento a la hora de votar y el de asesorías externas de los Diputados y Senadores, como también el detalle de cada una de ellas, tema que gracias a su exhaustiva revisión permitió evidenciar prácticas poco eficientes con los recursos públicos que se utilizan en el Parlamento y que los chilenos y chilenas tenemos derecho a cuestionar.

Observatorio Congreso, Fundación Balmaceda
Contacto: Fono 222353752, 222640792 Mail observatorio@fundacionbalmaceda.cl