by saturnal_3kldto | Mar 10, 2022 | Uncategorized
Por Observatorio Congreso
El próximo 11 de marzo del año 2022, el presidente Sebastián Piñera cesa sus funciones como mandatario, asumiendo en su lugar el presidente electo Gabriel Boric. Ad portas de este acontecimiento, como Observatorio Congreso de la Fundación Balmaceda, hemos realizado un breve balance del cumplimiento de su programa de gobierno (disponible aquí), en particular, respecto de la temática relacionada a la “Modernización del Congreso Nacional” contenidas en las páginas 148 y 149 del apartado denominado “Instituciones republicanas: más y mejor democracia”. En su contenido se indican 11 iniciativas sub-divididas en tres áreas:
- Área Función legislativa
- Área Autonomía y función fiscalizadora
- Área Probidad y transparencia
Respecto al área N° 1 sobre función legislativa, se propuso:
a) Potenciar el rol de la Biblioteca del Congreso como órgano asesor y profesionalizar la asesoría parlamentaria, transitando desde la asesoría externa individual a las asesorías profesionales permanentes por Comités o Bancadas. Estas se designarán por concurso público en tres etapas, incluyendo criterios de profesionalización y confianza política. Los asesores tendrán dedicación exclusiva al trabajo legislativo
b) Crear una Secretaría Técnica común del Senado y la Cámara, que cumpla una función revisora previa a la promulgación de la ley. Dicha secretaría deberá elaborar un modelo de redacción legislativa e informar sobre la admisibilidad de las mociones parlamentarias, los errores de técnica legislativa, las posibilidades de refundir proyectos, la racionalización del número de comisiones permanentes
c) Incorporar las plantas del Congreso al sistema de Alta Dirección Pública
d) Involucrar al Congreso en la creación y funcionamiento de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, con el objeto de evaluar los efectos de la legislación y
e) Disminuir el número de parlamentarios manteniendo un sistema proporcional, reduciendo su número a 120 diputados y 40 senadores.
Una vez analizadas las diferentes iniciativas propuestas por el ejecutivo en esta área no encontramos avances significativos dado que el ejecutivo no presenta antecedentes de mensajes al respecto. Sólo existe una iniciativa presentada como moción parlamentaria.
De acuerdo a nuestra investigación y como respuesta recibida a partir de la solicitud de información (folio NoAF001T0001945) remitida por el subsecretario de la SEGPRES, señor Máximo Pavez, en julio del año 2021, se indica que, en relación a esta área, solamente –hasta la fecha de respuesta- se presentó un único proyecto de ley relacionado al compromiso sobre la disminución del número de congresistas (sean estos provenientes de la Cámara de Diputados y el Senado) mediante la iniciativa de ley originada en moción parlamentaria (boletín No11692- 07) por diputados miembros de las bancadas de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional en abril del año 2018, en cuyo documento se indica como propuesta que “La Cámara de diputados y el Senado estarán compuestos por un número de 120 y 40 miembros respectivamente, los cuales serán elegidos por un sistema proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes por distrito y circunscripción electoral.”, sin embargo, la iniciativa no prospero puesto que el proyecto fue rechazado (al no alcanzar el quorum necesario de 3/5) en su discusión en general en la cámara baja, el pasado 04 de noviembre del año 2020, por 78 votos a favor, 67 votos en contra y 7 abstenciones, siendo postreramente archivado.
Podemos afirmar que particularmente en el área analizada “Función legislativa” observamos cero cumplimiento por parte del Ejecutivo respecto de proyectos de ley asociados a dichas promesas emanadas del ejecutivo.
Respecto al área N° 2 referente a autonomía y función fiscalizadora, se propuso:
a) Crear el Servicio de Análisis Regulatorio y Presupuestario del Congreso, cuya función será implementar un sistema de información más completo y asequible respecto de las iniciativas legislativas, especialmente aquellas complejas como la Ley de Presupuestos
b) Perfeccionar los mecanismos de fiscalización al gobierno y la administración pública y fortalecer la obligación de respuesta y seguimiento de oficios por parte del Ejecutivo
c) Establecer la obligación de las autoridades del Ejecutivo o sus representantes de asistir a las comisiones legislativas a las que sean citados y sancionar como falta grave a la probidad administrativa la entrega de antecedentes falsos en comisiones investigadoras.
En relación con esta área, el Subsecretario de la SEGPRES en la respuesta a la solicitud de información señalada anteriormente (cuya denominación es el Ord.887) indica que a la fecha consultada no existen proyectos de ley en la materia. No obstante, a lo anterior, existe una propuesta similar a la creación del Servicio de Análisis Regulatorio y Presupuestario del Congreso, contenida en el Tercer Plan de Acción de Parlamento Abierto (particularmente en el compromiso No1) denominada “Implementación de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional de acuerdo con estándares internacionales” el cual tiene como propósito –de acuerdo al documento previamente indicado- realizar análisis de forma “independiente, apolítica y profesional de acuerdo a las recomendaciones internacionales (…) supuestos macroeconómicos en que se basa el proyecto de la ley de presupuestos, sus distintas proyecciones y su consistencia con otras normas o reglas fiscales; que realice análisis comparativo analítico del proyecto de la ley de presupuestos; análisis de consistencia del presupuesto o la estimación de ingresos y de gastos por partida y por glosa; que realice seguimiento, utilizando inteligencia de datos y con los profesionales adecuados para cumplir con las funciones que se establezcan. Además, proponer acuerdos con la DIPRES -Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile- y otras instituciones para establecer protocolos de acceso de datos para que la Oficina pueda cumplir con su misión”. En la actualidad, dicho compromiso, cuya ejecución dependió del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional, de acuerdo con ParlAmericas (red parlamentaria independiente, creada el año 2012, parlamericas.org), se encuentra logrado como resultado de una decisión administrativa mediante la Resolución N°41 del 07 de septiembre de 2021, en donde la Secretaría General del Senado estableció la estructura orgánica y funcional de la Oficina creándose formalmente el año 2021, de acuerdo a lo señalado por parte del sitio web del Senado.
Podemos afirmar que particularmente en el área analizada “Autonomía y función fiscalizadora” observamos cero cumplimiento por parte del Ejecutivo respecto de proyectos de ley asociados a dichas promesas emanadas del ejecutivo.
Finalmente, en relación al área N° 3 correspondiente a probidad y transparencia, se propuso:
a) Fortalecer el control ético y de gestión presupuestaria creando una Contraloría General del Congreso Nacional que ejerza su rol con autonomía
b) Establecer una instancia permanente, de carácter colegiada e independiente, encargada de la dirección general y superior del Congreso, responsable de su gestión administrativa y económica y,
c) Incorporar la obligación anual de los parlamentarios de rendir cuentas públicas en sus respectivos distritos y circunscripciones.
Sobre ello, el Subsecretario Máximo Pavez en respuesta a la solicitud de información señalada con anterioridad, indica que a la fecha de consulta (julio del año 2021) el ejecutivo no ingresó iniciativas de ley (mensajes) en esta tercera área, sin embargo, el señor Pavez destaca la existencia de un proyecto de ley –que data de agosto del año 2015- iniciado en moción parlamentaria (No10264-07) el cual busca modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia –cuya promoción de aprobación es parte del primer compromiso del Segundo Plan de Parlamento Abierto (2017-2018), no obstante, a la fecha se encuentra el primer trámite constitucional en el Senado. A su vez, cabe mencionar que el segundo compromiso del Tercer Plan de Acción de Parlamento Abierto (2019-2020) establece la propuesta de “redacción del Reglamento de la Cuenta Pública del Congreso y formato y difusión de cuentas públicas parlamentarias individuales”, evidenciando cierta similitud con la propuesta No3 del área tres sobre incorporar la obligación anual de los parlamentarios de rendir cuentas públicas en sus respectivos distritos y circunscripciones. Sobre este compromiso en particular de Parlamento Abierto (cuya ejecución depende del Grupo Bicameral de Transparencia), es posible señalar que a la fecha –de acuerdo con ParlAmericas- se encuentra parcialmente logrado, ya que si bien se efectuaron tanto el hito No1 sobre la realización de los borradores del reglamento como el hito No2 sobre el taller con la presencia de organizaciones de la sociedad civil (ONG) el cual se realizó vía zoom el día 30 de octubre del año 2020, a la fecha no se ha materializado el hito No3 sobre la presentación de la redacción final del reglamento y su respectiva presentación de moción parlamentaria.
En relación a las propuestas del programa de gobierno, a modo de complemento, es necesario mencionar que en agosto del año 2019 el presidente Sebastián Piñera presentó el documento titulado «Propuesta de trabajo, agenda de modernización del Congreso”, tanto al –en ese entonces- presidente del Senado Jaime Quintana (PPD) como al presidente de la Cámara de Diputados Iván Flores (PDC), dicho documento de 21 paginas contiene 24 propuestas para modernizar el Congreso Nacional de Chile, según consta en un artículo de prensa publicado en el periódico La Tercera, la noticia titulada “Sancionar incumplimiento de urgencias y prohibir indicaciones a acuerdos internacionales: Las propuestas de Piñera para modernizar el Congreso”, entre las cuales se encuentran : modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, los reglamentos internos de ambas Corporaciones, sancionar incumplimiento de urgencias, disminuir el receso parlamentario, entre otras iniciativa. Sin embargo, como Observatorio Congreso efectuamos la respectiva solicitud (efectuada por el coordinador del área) a Presidencia –la cual fue derivada al Ministerio Secretaria General de la Presidencia- en la cual se nos indicó en la correspondiente respuesta emitida por parte de aquel entonces subsecretario de la SEGPRES señor Claudio Alvarado, que no fue posible acceder a la entrega de la información solicitada, de conformidad a lo establecido en el artículo No1 de la ley 20.285, sobre acceso a la información pública, en la cual se establece que será reservada aquella información que trate de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución o medida, evidenciando de esta manera que en aquel momento no se había materializado dicha propuesta de trabajo.
En conclusión, el nivel de cumplimiento de las reformas prometidas por parte del presidente Sebastián Piñera en materia relacionada al Congreso Nacional, mediante iniciativas de ley del ejecutivo, fue de un 0%. No obstante, el ethos de algunas de las propuestas antes mencionadas están contenidas en otros documentos de carácter normativos y/o administrativos los cuales se han implementado o están a la espera de su aprobación y responden a iniciativas que en ningún caso emanaron del Ejecutivo, tales como lo aportado por las bancadas UDI y RN quien y propuesta similares contenidas en los distintos planes de Acción de Parlamento Abierto que dependen del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional, y que en algunos casos se concretaron y en otros se encuentra parcialmente logrado.
by saturnal_3kldto | Feb 12, 2022 | Uncategorized
Equipo Observatorio Congreso de la Fundación Balmaceda
11 febrero 2022
La Convención Constitucional, como era de esperar, ha propiciado la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de una nueva carta fundamental para Chile. Por medio de su Reglamento, las iniciativas populares de norma han emergido como una alternativa para que la ciudadanía pueda organizarse y proponer normas constitucionales a la Convención en alguna de sus siete Comisiones, con la exigencia de reunir 15.000 firmas de, a lo menos, 4 regiones distintas para que éstas sean discutidas por el Pleno. Se podían presentar iniciativas hasta el día 20 de enero, recibiendo apoyos hasta el pasado 01 de febrero, todo esto en la plataforma web que se habilitó al efecto (www.iniciativas.chileconvencion.cl).
Más allá de la discusión en torno a los plazos o retrasos en la publicación de las iniciativas, lo relevante es que permitió que tanto personas naturales como jurídicas y, a su vez, organizaciones de la Sociedad Civil pudieran integrarse al debate constitucional en diversas temáticas de su interés/estudio/conocimiento/entre otras. Sin ir más lejos, nosotros la Fundación Balmaceda —entre otras tantas organizaciones de la Sociedad Civil— fuimos partícipes de este proceso por medio de la iniciativa Nº31.750 titulada “Transparencia e Información Pública: un derecho para las personas”, aceptada el 07 de enero, y que buscaba consagrar explícitamente el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública con rango de derecho en la nueva Carta Fundamental —el cual hasta hoy solamente mantiene rango legal a través de la Ley Nº20.285—. Sin embargo, ninguna de las iniciativas —alrededor de 28 vinculadas a la transparencia o el derecho de acceso a la información— reunieron el apoyo necesario de la ciudadanía —de hecho, la nuestra solo contó con 166 apoyos—.
Hoy la ciudadanía exige más y mejor democracia y una mayor incidencia en los asuntos públicos. Redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram se han convertido en un espacio virtual comunitario, para que diferentes personas, sean jóvenes o adultos, puedan expresar su opinión y descontento hacia aquellas situaciones opacas que son muy habituales en la esfera de lo público donde las y los representantes políticos, quienes administran el estado son los principales responsables. Junto a ello, en la última década se han efectuado diferentes movilizaciones sociales que han expresado las demandas de la ciudadanía en materias como educación, salud, pensiones, género y vivienda.
Una buena noticia es que hoy en día, en el marco del proceso constitucional, mediante las iniciativas populares de norma, se ha desarrollado una participación directa por parte de la ciudadanía en la Convención sobre las problemáticas que les aquejan. Producto de ello, existen iniciativas que —dada la importancia social y la organización de sus promotores y promotoras— han alcanzado las 15.000 firmas necesarias para su discusión en el Pleno. Entre aquellas destacan “Con mi plata no: Defiende tus ahorros” que tiene más de 60 mil firmas, “Cannabis a la Constitución ahora” que reunió más de 44 mil firmas y “Será ley” que reunió más de 38 mil firmas.
Todas propuestas legítimas, que expresan el sentir de sectores importantes de la ciudadanía y que algo nos quieren decir respecto a cómo organizarnos de aquí en adelante.
Pero hay algo que a juicio nuestro no se condice con las multitudinarias expresiones de la ciudadanía en torno a más y mejor democracia.
Para nosotros el acceso a la información pública debiera representar un derecho fundamental para todos los ciudadanos que requieran buscar y recibir información y datos que maneja el estado. La información pública también es fundamental porque permite que los ciudadanos participemos en los asuntos políticos y fiscalicemos las acciones del Estado.
Al contar con el derecho de acceso a la información pública solo resultan acciones propias de una democracia sana, se fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas son evaluadas no solo técnicamente sino por la ciudadanía, la gestión pública y por ende la gobernabilidad democrática son cada vez de más eficaces para combatir la corrupción. En resumen, se refuerza la legitimidad del sistema democrático, la democracia se fortalece al incorporar al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas.
A pesar de todo el fenómeno social que venimos presenciando en los últimos años y que denotan rechazo a la débil democracia, al abuso de unos pocos poderosos, la falta de transparencia, al ocultamiento de información y la ausencia de rendición de cuentas por parte de autoridades, es que nos cuesta comprender que la ciudadanía otorgue silencio a iniciativas como la que hemos presentado.
Parte de la desconfianza que tiene la ciudadanía hacia el Estado o la clase política se encuentra en el desprestigio y el descrédito de las instituciones políticas, ya sea por casos de corrupción o manejo indebido del presupuesto en la administración pública o simplemente falta de información pública.
Si bien como Fundación hemos realizado el correspondiente trabajo de difusión de nuestra iniciativa, al parecer no fuimos eficaces a la hora de transmitir el mensaje y la importancia de esta en particular cuando se le asocia a otras demandas legitimas existentes.
Tampoco fuimos sensatos al promover una alianza de colaboración entre ONG´s pro-transparencia con la finalidad de proponer una única iniciativa popular de norma para, por lo menos, haber concentrado la considerable cantidad de apoyos que necesitábamos.
Dada la relevancia que mantendría el principio de transparencia y el derecho a la información pública en la próxima carta fundamental de Chile como un pilar para el Estado de Derecho moderno, el régimen democrático y el buen funcionamiento de la gobernanza y; en vista que ninguna de las iniciativas populares de norma en esta materia lograron reunir los apoyos necesarios de la ciudadanía para su discusión, esperamos que las y los Convencionales Constituyentes consideren incorporarlo en el debate constitucional, sea a través de comisiones o en el Pleno, promoviendo a su vez, la concientización de la ciudadanía sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública como un derecho llave, el cual pretende contribuir a la protección y realización de otros derechos fundamentales que también serán incorporados a la carta Magna que nos regirá a lo menos los próximos cuarenta años.
by saturnal_3kldto | Sep 9, 2021 | Uncategorized
A través del sitio web www.observatoriocongreso.cl pone a disposición de la ciudadanía una plataforma que sistematiza datos asociados al comportamiento de parlamentarios y parlamentarias en el Congreso Nacional, “en circunstancias en que el Estado produce y almacena miles de datos diariamente, en variadas y distintas áreas, como Observatorio Congreso, nos fijamos como meta, junto con almacenar la información, traducirla a un formato amigable, convirtiéndola en contenido en sí misma y cruzando datos que antes solo se evaluaron por separado” afirmó Manuel Lobos Infante director ejecutivo de la Fundación Balmaceda y responsable del proyecto.,
En el contexto de las próximas elecciones parlamentarias, donde varios congresistas ya en ejercicio pretenden ser reelegidos, “buscamos que la labor parlamentaria sea transparentada y cercana a la ciudadanía y con esta herramienta facilitamos el rol fiscalizador de los mismos ciudadanos. Es probable que aquello sea determinante, ¿y por qué no debiera serlo?, a la hora de elegir o reelegir a nuestros representantes”.
El sitio web ofrece además distintos rankings, entre ellos, de asistencias, presentación de mociones, comportamiento a la hora de votar y el de asesorías externas de los Diputados y Senadores, como también el detalle de cada una de ellas, tema que gracias a su exhaustiva revisión permitió evidenciar prácticas poco eficientes con los recursos públicos que se utilizan en el Parlamento y que los chilenos y chilenas tenemos derecho a cuestionar.
Observatorio Congreso, Fundación Balmaceda
Contacto: Fono 222353752, 222640792 Mail observatorio@fundacionbalmaceda.cl
