
¿Qué es una acusación constitucional?
La Acusación Constitucional es una atribución fiscalizadora de la Cámara de Diputados, consignada en el artículo N°52 numero 2 de la Constitución Política de la República, en la cual se establece para dicha Corporación si han o no lugar las acusaciones formuladas por no menos de diez ni más de veinte de sus miembros, con motivo de hacer responsables a autoridades o altos funcionarios del Estado, por actos propios del cargo que desempeñan, en razón de las acciones u omisiones establecidos en la propia Carta Fundamental.
En dicho procedimiento participan las dos ramas del Congreso Nacional: tanto la Cámara de Diputados siendo la parte acusadora, como el Senado, ejerciendo el rol de jurado (en caso corresponda, si la Acusación Constitucional es previamente admitida por parte de la cámara baja). Lo anterior es normado de conformidad a lo establecido en el artículo N°52 numero 2 de la Constitución Política de la República; el título IV de la ley N°18918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional; el Libro Tercero – Título VII “De la Acusación Constitucional” (particularmente respecto de los artículos que van desde el Nº329 al Nº338) del Reglamento de la Cámara de Diputados; y el título XII denominado “Atribuciones Exclusivas del Senado” del Reglamento del Senado.
¿Quiénes pueden ser acusados constitucionalmente?
- Presidente de la República.
- Ministros de Estado.
- Magistrados de los tribunales superiores de justicia y el Contralor General de la República.
- Generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional.
- Delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales.
¿Por qué hemos decidido transparentar como Observatorio Congreso las Acusaciones Constitucionales?
Como equipo Observatorio Congreso de la Fundación Presidente Balmaceda hemos decidido poner a disposición los documentos referentes a las acusaciones constitucionales acontecidas desde el retorno de la democracia a la fecha, con el propósito de que las personas que visitan nuestro sitio web puedan conocer que autoridades han debido enfrentar un juicio político en Chile, cuál ha sido su procedimiento y posterior resolución. A su vez, transparentamos los documentos de Acusaciones Constitucionales debido a la ausencia de algunos registros en la sección “actividad fiscalizadora” del sitio web institucional de la Cámara de Diputados:
https://camara.cl/fiscalizacion/Acusaciones_Constitucionales.aspx
Los documentos de las Acusaciones Constitucionales disponibles en nuestro sitio web, son aquellos escritos íntegros proporcionados por la Biblioteca del Congreso Nacional, los cuales fueron obtenidos tanto en respuesta favorable a la resolución de amparo al derecho de información publica respecto de la solicitud de información TP635, como en el correspondiente sitio web institucional: https://www.bcn.cl/laborparlamentaria/acusaciones-constitucionales/
Por último, cabe mencionar que en cuanto a los documentos de Acusaciones Constitucionales, obtenidos a través de la Oficina de Informaciones de la Cámara de
Diputados en respuesta a las solicitudes de información folios CD001W11300 (de agosto de 2020), CD001W11464 (de enero del año 2021), CD001W11482 (de enero del año 2021), CD001W11929 (de marzo del año 2022), CD001W12244 (de octubre del año 2022), CD001W12552 (de junio del año 2023) y CD001W13063 (de octubre del año 2024), como Observatorio Congreso hemos podido evidenciar que respecto a las acusaciones constitucionales en contra del Ministro del Interior y Seguridad Publica, señor Andrés Chadwick (de noviembre del año 2019), en contra del Intendente de la Región Metropolitana, señor Felipe Guevara (de enero del año 2020); en contra de la ministra de la ILTMA Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora Silvana Donoso (de agosto del año 2020); en contra del Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Pérez Varela (de octubre del año 2020) y en contra del Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique (de noviembre del año 2021), estos se encuentran incompletos, pues solamente contienen la información respecto a la tramitación en la Cámara de Diputados, omitiéndose los datos de su tramitación en el Senado. Adicionalmente a ello, respecto del documento de la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos Sra. Marcela Ríos, este se encuentra incompleto, tal como se advierte por parte de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, en respuesta a la solicitud de información folio CD001W12552, indicando que falta el informe de la comisión revisora de dicha acusación. Dado lo anterior, hemos prescindido de transparentar los documentos obtenidos desde la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, empleando para su reemplazo aquellos provenientes de la Biblioteca del Congreso Nacional.




















































